El pasado mes de Julio de 2017, la noticia de la detención del Sr. Villar, presidente de la Real Federación Española de Futbol, adquirió notoriedad en los medios de comunicación nacional. La pregunta surge de forma espontánea. ¿Es éste un hecho aislado o por el contrario solo es la punta del iceberg. ¿Es aplicable la duda a la generalidad de las federaciones deportivas nacionales y autonómicas?. ¿La inacción de los entes públicos nacionales, CSD (Consejo Superior de Deportes) y las direcciones generales de deportes de las CCAA (comunidades autónomas), ha contribuido a lo acontecido?. Existen, a día de hoy, grandes lagunas en la regulación de los procesos electorales en las federaciones deportivas. Ello ha propiciado la creación de autarquías deportivas en las que la sucesión se realiza o propicia en el ámbito familiar. El ciudadano de la calle se pregunta: ¿cómo es posible que el poder legislativo, haya permanecido inerte, en lugar de regular vía ley los escenarios de actuación de estos entes oscuros y opacos?. ¿Cómo se puede entender que un presidente imputado y encarcelado por delitos como los que recoge el auto del juez, en el caso del Sr. Villar, no pueda ser cesado de forma inmediata en sus funciones? ¿Cuándo se va a restaurar la limitación de mandatos que originariamente existía en la Ley del Deporte y que un amancebado presidente del CSD eliminó?
Centrándonos en nuestra comunidad, qué valoración podemos realizar sobre lo que está ocurriendo en la Federación de Motociclismo de CyL. ¿Cómo catalogar a una federación autonómica en la que el presidente de la misma nombra secretario de la federación a su propio hijo? Un hijo omnipresente en cargos federativos, ya que al ya citado de secretario, suma el de representante de los pilotos de Valladolid. Uno de los dos representantes en la asamblea federativa de los 27 pilotos de Valladolid, es el hijo del presidente. Además es el delegado provincial de la federación en Valladolid. ¿se podría concluir que esta acumulación de cargos cuando menos resulta extraña? Un presidente, el Sr. Francisco González Carbajo, que a su vez, según consta en documentación de la empresa –einforma-, es el administrador del Moto Club Valladolid Sport desde el año 2004 y también adscrito a la propia federación que dirige. Ello, contraviene de forma flagrante los propios estatutos de la FMCL en lo relacionado con las incompatibilidades, recogido en el artículo 25 apartado 3º. Su esposa figura como presidenta del Moto Club Vallisoletano, también perteneciente a la FMCL. Ambos clubes sitos en el domicilio personal del responsable de la federación de motociclismo de CyL, y con el mismo número telefónico de contacto. ¿ Cómo interpretar el hecho de que los 8 clubes de la provincia de Valladolid estén representados en la asamblea federativa por tres puestos y curiosamente dos de ellos sean los clubes de su supuesta propiedad? A ellos añadamos el voto que corresponde a su hija, también en la asamblea en representación de unos de sus supuestos clubes, el Valladolid Sport. Más allá de las interpretaciones posibles, los hechos son los citados. Corresponde a cada cual extraer sus propias conclusiones. Un interfecto, el presidente, que dentro del calendario de pruebas para la temporada 2017 que suman un total de 97 eventos, 64 los realiza con sus dos clubes o con la propia FMCL, es decir el 66% de las pruebas. Incluso en ciudades fuera de la propia provincia a la que pertenece. ¿Afán organizador o negocio lucrativo? ¿Cuántos miembros de la asamblea de la federación son “llamados” en forma de comisarios técnicos, cronometradores etc.? ¿ puede ser un modo de “agradecer” la sumisión de estos a sus manejos?
¿Qué valoración se puede hacer de un presidente como el citado, que incorpora en plena asamblea federativa y fuera del orden del día, una propuesta con la que chantajear a todos los bañezanos, negándose a aprobar el reglamento de la carrera de agosto si no lo presenta el MCB?. Chantaje que afecta a los únicos propietarios de nuestra carrera, los bañezanos, representados por el ayuntamiento de LA BAÑEZA. ¿Cómo interpretar la actuación de un presidente, que en el acta de la citada asamblea federativa de febrero de 2017, incluye en el punto 11 un texto por el cual se blinda la carrera para un club en concreto, discriminando y cercenando el principio de igualdad que debe concurrir en un ente federativo?. De este modo está contraviniendo legislación superior de la propia RFEM (Real Federación Española de Motociclismo) concretamente el artículo 20 en sus apartados 3º y 4º del reglamento deportivo de rango superior y al que deben someterse por la ley del deporte. Asimismo conculca y es contrario a lo recogido en varios artículos de la propia Constitución Española (artículos 14,19,38 y especialmente el 139 en sus apartados 1 y 2). Todo ello a propuesta o con la connivencia y beneplácito de sus aliados de nuestras riberas MCB, como se constata para más inri con el firmante del citado acta, su recién elegido presidente, el Sr. Morla.
De lo indicado anteriormente se pueden extraer diferentes conclusiones. Desde “errores” de forma en la gestión, hasta situaciones que rozarían la ilegalidad. Entre ellas el presunto incumplimiento de las incompatibilidades aplicables a todo presidente federativo. Si grave resulta la forma en la que se atenta contra los principios de transparencia, lo es más aún lo relacionado con los principios éticos exigibles al cargo que ostenta el Sr. Francisco González. Si en estos asuntos ajenos al lucro está ocurriendo esto, ¿qué podría estar sucediendo con el manejo de fondos económicos?. Conviene recordar que estos fondos en buena parte proceden de subvenciones realizadas con dinero público. Las federaciones de Castilla y León, tienen conferidas por la ley 2/2003 funciones públicas de carácter administrativo. Añadir que la junta de C y L ha presupuestado para el año 2017 subvenciones a las federaciones deportivas del territorio por importe de 2.640.000€. ¿Quién y cómo se auditan estos recursos públicos? A las autoridades de la Junta de C y L, a su consejera de cultura y deportes, la Srª María Josefa García Cirac y a su director general de deportes el Sr. Alfonso Lahuerta Izquierdo, a los que ya he remitido la información, les corresponde actuar de oficio. Y hacerlo de acuerdo con las competencias conferidas por ley, entre las que citaré la relacionada con: apartados f) control e inspección entidades deportivas y h) aprobación estatutos y verificación de reglamentos electorales federativos. Es obligado y esperable que los citados organismos inicien una investigación de inmediato. La defensa de lo público lo requiere. Siempre queda la posibilidad de interponer una denuncia a las autoridades deportivas y sus tribunales trufados, pero estos en buena parte desprenden un hedor que lo hace poco recomendable y aún menos eficaz.
Acudir a la justicia ordinaria lamentablemente, en ocasiones, no sirve para solventar el problema denunciado, sino más bien, para como vulgarmente se dice, salir trasquilado y sin justicia. Parece necesario y obligado que se abran de oficio por el ministerio fiscal, las diligencias necesarias para depurar los supuestos abusos y fraudes de ley. Es el poder legislativo y al propio Consejo Superior de Deportes nacional y a los autonómicos a quien les corresponde velar por la limpieza y la higiene democrática en estos refugios de nepotismos y malas prácticas, que son en buena parte las federaciones deportivas. A modo de ejemplo indicar que en la ley del deporte 2/2003 de Castilla y León, no figura procedimiento alguno que regule y organice los procesos electorales de los clubes. De forma muy somera y deficiente se refiere a los de las federaciones. Esto sin duda contribuye a la existencia de huecos, rendijas y albañales que propician e incentivan, situaciones como la vivida en nuestra ciudad en el proceso electoral de uno de nuestros clubes de mayor notoriedad.
El recurso de acudir a la justicia ordinaria casi nunca resulta la opción más aconsejable. Recuerden aquello de –pleitos tengas y los ganes-. Y cuando se hace como ha sido el caso de la candidatura de Pepe Martínez Muñiz, recibes una sentencia incomprensible e inaceptable en la que el juzgador sin entrar en el fondo de la cuestión, despacha el asunto con un fallo, que fundamenta en afirmaciones que transcribo literalmente: “La Bañeza es una localidad pequeña en la que todos se conocen”, a lo que se añade “si el actor también es socio del MCB debe tener conocimiento de quienes son sus socios; por sí mismo, o por medio de amigos y conocidos”. Convendrán conmigo que una carcajada helada, aderezada de indignación, se te asoma a los labios. Quizá debiera haberse informado al órgano sentenciador, que nuestra ciudad ronda los 10.000 habitantes y que el censo no entregado del MCB afectaba a un número teórico de 1.500 socios. La lectura del citado texto judicial consigue provocar la hilaridad y el estupor en buena parte de los ciudadanos, y sin embargo hace enardecer a unos pocos.
Sentencias como ésta lejos de amilanar y silenciar voces, refuerzan los valores que fundamentaron la demanda de la candidatura de Pepe Martínez Muñiz. La defensa de la igualdad democrática, espíritu deportivo y la nobleza y limpieza que siempre debe conllevar un proceso electoral, así lo requería. A pesar de todo y aunque por momentos sea complicado hacerlo, es saludable seguir creyendo en la justicia. Es esperable que ésta evolucione y alcance cotas de mayor equidad, cumpliendo con la máxima irrenunciable de “ciega, sorda y muda”. Buenos y bañezanos días…
felixasensio 